LOS TRABAJADORES COMO PARTE INDISOLUBLE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
ATAUSIBO - SUTES
1er. Encuentro de Trabajadores Universitarios
Por: Enrique Braña, Trabajador jubilado USB
Noviembre 6, 2003
El logro más significativo de la Revolución Francesa fue la destrucción de un sistema social basado en la discriminación y dirigido por élites que se consideraban a sí mismas privilegiadas por la voluntad divina. Así pues, la consigna de "Libertad, Legalidad y Fraternidad" daba inicio a una nueva etapa histórica en donde se reconoce que todos los seres humanos son iguales.
En nuestro país, tanto la Constitución como las leyes de Educación y de Universidades, consagran como principios ineludibles la orientación y prácticas obligadas de la democracia para todo el proceso educativo. La educación no debe ser un negocio o privilegio, es una necesidad social cuya responsabilidad le compete a todos los habitantes de nuestro país. En el caso de la educación primaria y secundaria la premisa precedente no tiene dudas: la comunidad educativa la conforman todos, sin excepciones o marginaciones. No ocurre lo mismo a nivel universitario, en donde se evidencia de manera brutal una abierta y múltiple división de los actores que tienen que ver con el proceso educativo:
* En la cima, un grupo de profesores titulares que, con ciertas excepciones, suelen considerarse a sí mismos dueños del proceso educativo. En la práctica deciden todos los asuntos de mayor importancia universitaria y se auto conceden importantes privilegios, incluyendo los de orden pecuniario.
* Un paso más abajo de esta escala de privilegios se encuentran el resto de los profesores en condición de personal fijo.
* Le siguen los profesores contratados, bajo condiciones mucho menos favorables que en los dos casos anteriores.
* Luego encontramos a los estudiantes, cuya participación verdadera en el co-gobierno es poco menos que simbólica, ya que realmente no tienen posibilidad ninguna de incidir en las decisiones más trascendentes, salvo la utilización de mecanismos de presión colectiva basados en la fuerza.
* Si seguimos descendiendo encontraremos al personal administrativo con cargos de supervisión y por debajo de éstos al resto del personal administrativo, técnico y de asistencia académica. Ninguno de ellos tiene poder para incidir en la toma de decisiones importantes o elección de autoridades universitarias. La representación de este sector en los órganos de alta dirección universitaria son simbólicos. La actual política discriminatoria de la Universidad no permite ni siquiera a los profesionales egresados de la USB, en cargos administrativos de la Institución, tener los derechos básicos consagrados al personal académico.
* Finalmente, en el punto de arranque de la escalera, está el personal obrero, también dividido en dos sectores: los contratados directamente por la Institución y los que pertenecen a las nóminas de empresas contratadas por la Universidad. Estos últimos bajo condiciones mucho más precarias de estabilidad y niveles de salarios.
No hay dentro de la sociedad civil venezolana estructuras tan anacrónicas como las que pretenden consagrar, con un clasismo trasnochado e inútil para los altos fines de nuestra patria, muchos profesores universitarios venezolanos. Este particular tipo de conducta se refleja necesariamente en los cuestionables resultados de nuestra educación universitaria. Creo, sin temor a equivocarme, que predomina una escandalosa ausencia de sensibilidad social en muchos graduados de nuestro sistema de educación superior. Para nadie es un secreto que se estimula el propio beneficio por encima del interés colectivo y ello bien podría explicar la abismal separación que existe entre muchos profesionales universitarios y el resto del país. Así, pocas cosas están tan fuera del alcance del venezolano común como la administración de justicia, la cual depende por completo de egresados universitarios, los abogados, fácilmente corrompibles como lo evidencia el inefable poder judicial; una práctica de la medicina altamente mercantilizada y, por lo tanto, al eficaz servicio de las clases pudientes que pueden pagar sus conocimientos; ingenierías para las cuales la mayoría de nuestros compatriotas no existen; economistas que parecen entender sólo lo macro económico sin comprender el impacto negativo que pueda tener sobre las personas comunes, etc.
Pero, volviendo al tema que nos ocupa, es imposible dejar de reconocer que sin la participación de empleados y obreros la educación universitaria no podría realizarse. Esta particularidad, aunada a todos los enunciados principistas de la Carta Magna y leyes que rigen la educación en nuestro país, hacen que sea imperativo devolverle a todos los venezolanos el derecho, actualmente confiscado por un grupo de profesores, de participar también en el proceso educativo universitario. Muchas universidades del mundo han comprendido la conveniencia y la necesidad de que el personal obrero y administrativo tengan participación activa en el co-gobierno universitario. Entre muchas otras puede mencionarse la Universidad de Coimbra, fundada en 1290, la que, como todas las de Portugal, Francia, España, Italia, Bélgica, etc., decidieron hace tiempo integrar su comunidad antes que dividirla. El planteamiento de los trabajadores no es un despropósito, como si parece serlo el de los profesores que, sin ninguna justificación moral y en oposición a principios básicos de la democracia, pretenden seguir manteniendo un modelo de organización social aristocrático en pleno siglo XXI.
Por otra parte, nuestra Universidad es propiedad de la República y no de un grupo de profesores. Depende por completo de los recursos otorgados por el Estado y debe responder a las necesidades del país que la sostiene. ¿Cómo entender y mantener entonces la absurda pretensión de la universidad excluyente? No deja de ser irónico que solamente para las obligaciones y los "sacrificios" los trabajadores formemos parte de la comunidad universitaria. Incluso se permite participar en el co-gobierno a los egresados, los cuales tienen derecho a voz y voto en el Consejo Directivo, pese a que su desvinculación con la Institución se refleja incluso en la escasa participación de las elecciones para designar a su representante en el máximo organismo de dirección universitaria. Aclaro que no me opongo a esta participación, la cual creo indispensable, sino que creo que es absurdo discriminar a un personal que suele pasar la mayor parte de su vida en nuestra casa de estudio ayudando a graduarse a personas que luego, en muchos casos, jamás reconocerá tan importante contribución a su superación intelectual y material.
Para negar la participación de los trabajadores se ha llegado a decir que no queremos a la Institución, que hacemos paros e "impedimos" el derecho al estudio. Igualmente que tenemos propósitos políticos perversos que, de permitirse nuestra participación en el co-gobierno universitario, terminarían por destruir la Universidad. Ninguna mente sana, de vocación realmente universitaria, podría creer sinceramente en tan temerarias afirmaciones. Es cierto que los trabajadores hemos utilizado la huelga como una herramienta legítima de lucha, derecho constitucional que en no pocos casos se ha traducido finalmente en beneficios para toda la comunidad universitaria. Y es que la huelga no es exclusiva de los trabajadores: también la utilizan profusamente los profesores sin que ello implique desamor por las universidades. Para muestra, el paro de diciembre-enero, en donde la Asociación de Profesores de la USB apoyó abiertamente las acciones de la "Coordinadora Democrática" en su afán para derrocar, por medios ilegales, al gobierno constitucional de la República.
La educación, como medio para engrandecer un país, debe estar en sintonía con el colectivo nacional y no sólo con una de sus partes, que en nuestro caso corresponde al de las minorías pudientes. En la práctica, nuestra educación superior no es un derecho para las grandes mayorías sino un privilegio que se le concede, utilizando los recursos del Estado, a quienes no tienen dificultades económicas. Estadísticamente puede comprobarse que la legión de bachilleres sin cupo, cada vez más numerosa, tiene hondas raíces clasistas.
En nuestra Universidad, tecnócrata y carente de sensibilidad social, la "búsqueda de la verdad" no reconoce a sus trabajadores sino como un mal necesario. No importa que den lo mejor de sus vidas por la Institución o que tengan post grados de alta calificación: la formación universitaria parece obedecer a leyes secretas que solamente los consagrados pueden entender. Así, ni siquiera el Estado, que la hace financieramente posible, puede participar en ella ni tampoco exigir la materialización de resultados provechosos tangibles.
Tengo la firme convicción de que al final los trabajadores universitarios lograremos conquistar el justo reconocimiento a nuestra labor. Lo ideal sería que el sector profesoral que hoy mantiene una posición tan retrógrada comprenda, de una vez, que todos somos necesarios para hacer posible la educación superior, que no es sólo la responsabilidad mesiánica de un sector auto calificado que, irónicamente, también necesitó del concurso de obreros y empleados para poder graduarse en su oportunidad.
El Valle de Simón / H. Andrade
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